AFE traslada al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y al CSD las inquietudes de los futbolistas de Primera y Segunda División
La Asociación de Futbolistas Españoles ha enviado sendas cartas, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y al Consejo Superior de Deportes (CSD), en las que trasladan el sentir de los futbolistas de Primera y Segunda División ante una hipotética vuelta a la actividad en relación a la salud.
En estas misivas, remitidas a Salvador Illa (ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) e Irene Lozano (presidenta del CSD), los futbolistas dejan claro que “la salud es lo más importante, no como un elemento individual, sino como un sentido de la corresponsabilidad colectiva para todos los que participamos” en el ámbito del fútbol, sin olvidar “a nuestras familias”.
El colectivo pide que “la autoridad deportiva -CSD-, en coordinación con la autoridad sanitaria, nos dé seguridad respecto a esa desescalada a la vuelta de la competición”, subrayando que “como colectivo, nos preocupa en un escenario de pandemia que ese proceso de incorporación a la rutina de la competición no esté marcado con unas normas claras y determinadas desde el Ministerio de Sanidad, que es el que nos da total garantía para que se eviten situaciones de contagios no deseables, con afectación a un colectivo concreto”, incidiendo “en las previsiones secuenciales respecto a las distintas fases, entre las que están entrenamientos por grupos, y sobre todo a la fase cuatro, antesala de la competición” y teniendo en cuenta el precedente de la semana pasada ocurrido respecto a la Real Sociedad y el Fuenlabrada.
En estos escritos, por responsabilidad se solicita que se concreten medidas de prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta que esta actividad se encuentra dentro de una grupal. Y en relación a los tests y otro tipo de pruebas, los futbolistas quieren tener la certeza de la confirmación de si se pueden hacer por parte de las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que hay una demanda por parte de la sociedad, y son corresponsables en este sentido con lo que determinen las autoridades, al ser pruebas que deben conocer y autorizar las administraciones públicas.
